El fiscal ante la Cámara de Casación ratificó que la investigación sobre una mansión valuada en 17 millones de dólares ubicada en el partido de Pilar debe regresar a un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo que define la competencia territorial del caso. La propiedad, un lujoso country ubicado en la zona rural del distrito, está presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y es el epicentro de una causa que investiga posible lavado de activos y testaferrismo. El dictamen del fiscal, al que tuvo acceso este medio, sostiene que la investigación debe ser llevada adelante por la Justicia porteña por tratarse de delitos que habrían sido planificados desde la Capital Federal.
La mansión, que ocupa una superficie de más de dos hectáreas y cuenta con instalaciones de lujo, está formalmente a nombre de un monotributista y su madre, una jubilada, una situación que despertó inmediatamente las sospechas de los investigadores. Según fuentes judiciales consultadas, ni el monotributista ni su madre poseen ingresos declarados que justifiquen la adquisición y el mantenimiento de un predio de semejante valor. «Es un clásico esquema de testaferros. Se ponen propiedades a nombre de personas sin capacidad económica para ocultar al verdadero dueño», explicó un investigador cercano a la causa. La Fiscalía sospecha que detrás de la propiedad hay dirigentes del fútbol argentino que habrían utilizado la mansión como refugio de capitales de origen ilícito.
El operativo de allanamiento realizado meses atrás en el predio arrojó hallazgos que conmocionaron a los investigadores. Dentro de la propiedad se encontraron 55 vehículos de alta gama, entre ellos varios de colección valuados en millones de dólares, una decena de caballos de raza con pedigree internacional y una colección de obras de arte que aún está siendo peritada. «No es una casa de familia. Es un pequeño museo del lujo», describió un oficial que participó del procedimiento. La cantidad y el valor de los bienes secuestrados llevaron a los fiscales a profundizar la investigación y a solicitar pericias contables y financieras sobre los dueños registrales.
El fallo del fiscal ante Casación resolvió un conflicto de competencia que se había generado entre la Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. La defensa de los acusados había intentado que la causa quedara radicada en Pilar, mientras que los fiscales porteños reclamaban la competencia argumentando que las decisiones sobre la planificación de los delitos se habrían tomado en la Capital Federal. Con este dictamen, la causa volverá a un juzgado correccional porteño, donde se reanudará la investigación con nuevas medidas de prueba. Los dueños registrales de la mansión, por su parte, continúan en libertad mientras se desarrolla la investigación, aunque sus cuentas bancarias y bienes fueron embargados por orden judicial. El caso, que ya lleva más de un año en los tribunales, promete nuevos capítulos en las próximas semanas.
